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La Comisión de Garantías tomará las decisiones requeridas si Posse es llevado a juicio oral, según Lobato

MÓSTOLES, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid y portavoz en la Asamblea, Juan Lobato, ha dicho que la Comisión de Garantías tomará las decisiones oportunas si se abre juicio oral a la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y los ediles por el llamado ‘Caso ITV’.

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en el acto de arranque de las obras de la nueva estación de Cercanías de Parla tras ser preguntado si la exregidora dejaría sus cargos toda vez que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Móstoles ha propuesto juzgar a los ya mencionados por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación al caso ITV por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.

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Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la magistrada acuerda continuar la tramitación de las diligencias previas respecto a once investigados por los trámites de procedimiento abreviado por un delito de prevaricación del artículo 404.

Lobato, que ha asegurado no haber tenido comunicación con Posse al respecto, ha puntualizado que esto es un paso más, que “no se ha producido todavía la apertura de juicio oral”, e insiste en que llegado a ese punto “vamos a hacer lo que dijimos del minuto uno, con ella y con cualquier otro caso que se pudiera producir en el ámbito del PSOE de Madrid”.

Es decir, será la Comisión de Garantías la que decida sobre la tramitación que pudiera haber de expedientes en su caso, recordando que el partido tiene una agrupación, unos militantes y cuando vengan los procesos orgánicos pues se decidirán con normalidad los liderazgos, si hubiera que hacerlo.

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“A partir de ahí, bueno pues cada uno a nivel personal también puede decidir qué decisiones toma, pero nosotros lo que nos corresponde es tomar las decisiones en nombre del partido”, ha añadido.

TRÁMITE

Lo que se ha conocido hoy es el trámite procesal previo a la apertura de juicio oral, que da lugar a la fase intermedia del procedimiento, se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara a la instructora procesar a la exalcaldesa socialista y a siete ediles de la Junta de Gobierno al considerar que no se podía descartar la existencia de indicios de un delito de prevaricación administrativa.

En la resolución, la magistrada subraya en primer lugar que resulta “obvio” el perjuicio causado a las arcas públicas como consecuencia del acuerdo de la entonces Junta de Gobierno Local de 20 de octubre de 2020″.

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Dicho acuerdo aprobó por la vía de urgencia reducir al 50% la deuda del concesionario, el canon anual y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda a razón de 30.000 euros anuales.

Indica a continuación que se está “ante un crédito de derecho público y como señalaban los informes del interventor y teniendo en cuenta la naturaleza del mismo quedaba excluido de la fase preconcursal y era indisponible”.

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