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La Comunidad de Madrid forma a más de 200 profesionales para la protección de los menores en los centros de salud

NOTICIAS DE MADRID

Entre los ponentes figuran jueces, juristas y expertos en Salud Pública, así como referentes en Pediatría Social y trabajadores sociales del ámbito hospitalario y Atención Primaria, junto a profesionales del área de protección de la infancia de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.El objetivo de este foro es sensibilizar sobre la importancia de la detección y comunicación de los casos de sospecha de violencia hacia la infancia y adolescencia desde el primer nivel asistencial y concienciar al personal sanitario sobre este asunto como un aspecto clave en su día a día.
El protocolo de notificación de sospecha de maltrato ha sido elaborado por un grupo de profesionales de distintas categorías de Atención Primaria y Hospitalaria, dando respuesta a las necesidades que se plantean de forma cotidiana en las consultas. Pretende mejorar y facilitar la detección temprana de posibles casos en todas sus manifestaciones, así como agilizar la comunicación y coordinación entre las administraciones involucradas.
Este documento incorpora indicadores actualizados que facilitan la notificación de forma oficial de la sospecha de que un paciente pediátrico se enfrenta a situaciones que, en algunos casos, están tipificadas como delitos. Se incluye  violencia física, emocional, sexual o a través de redes sociales, pero también negligencia en los cuidados, sumisión química, abuso de nuevas tecnologías o pertenencia a bandas delictivas, entre muchos otros puntos.
Impacto sobre los menores y trastornos del comportamiento 
Estas vivencias a edades tempranas tienen un impacto sobre los menores y generan trastornos del comportamiento, adicciones o problemas de salud mental. Además, las consecuencias pueden perdurar en su etapa adulta a todos los niveles, no solo a nivel personal, sino también laboral. Como contrapartida, las experiencias positivas en esta etapa de la vida, como notar el respaldo de los profesionales sanitarios, ayudan a paliar este impacto.
Los nuevos partes de notificación pueden ser cumplimentados por trabajadores de cualquier categoría sociosanitaria en Atención Primaria: médicos de familia, pediatras, profesionales de Enfermería, dentistas e higienistas dentales, matronas, fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores sociales. Para ellos, dar cuenta de estas sospechas constituye una obligación ética y legal.
El documento contempla desde casos leves a sospechas de maltrato grave y sitúa como coordinador de la atención al trabajador social del centro de salud. Por su accesibilidad y cercanía con el paciente pediátrico y sus familias, Atención Primaria constituye un nivel sanitario clave en la detección de estas situaciones de riesgo, que pueden condicionar el futuro de la población infantil afectada.

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