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Grupos ecologistas apelan el archivo del expediente de cierre de la presa abandonada de los Rosales en Madrid

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Los colectivos ARBA, Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Naturahan han presentado un recurso ante la Confederación Hidrográfica del Tajo por un supuesto fraude de ley “al mantener una concesión de aguas que no tiene el aprovechamiento para el que fue otorgada”.

La presa de Los Rosales es una importante infraestructura de 14 metros de altura y 230 metros de longitud construida en 1968 sobre el arroyo de La Padrera, un afluente del río Guadarrama.

Destinada inicialmente al abastecimiento de la urbanización de Parquelagos (Galapagar), desde abril de 2007 se mantiene sin hacer uso de ese importante aprovechamiento, de hasta 555.000 m3/año, una vez que el Canal de Isabel II incorporó en su día a todo el municipio de Galapagar a su red de distribución.

En distintas ocasiones la CHT ha constatado que el titular de la concesión, la mercantil Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Ciudad Parquelagos “no hace uso del aprovechamiento para el fin que se otorgó ni cumple con algunas de las condiciones de la concesión (instalación de caudalímetro)”.

En estos casos la legislación determina claramente la apertura de un expediente de extinción o el inicio de una nueva concesión que justifique un nuevo aprovechamiento y una resolución motivada, explican.

Los ecologistas denuncian que “nada de lo anterior” se ha realizado y en su lugar se ha emitido recientemente una resolución “por la que se archiva el expediente de extinción justificando que el aprovechamiento se mantiene activo, por la existencia de una modesta instalación de bombeo de agua para el riego de 0,5 hectáreas de praderas, un desproporción similar a mantener una piscina para el riego de unas macetas”.

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La decisión administrativa es importante, apuntan, porque la prórroga de la concesión actual facilitaría el traspaso de la titularidad de la concesión al Ayuntamiento de Galapagar, “por lo que trasladaría a los vecinos y vecinas de Galapagar las costosas obligaciones actuales de mantenimiento de una importante infraestructura destinada en la actualidad a un uso marginal”.

“Sería la institución local la que tendría que hacer frente en el futuro a los elevados costes de la retirada de esa ocupación temporal del Dominio Público Hidráulico, liberando al actual titular de unas obligaciones económicas muy importantes derivadas de la aplicación de la Ley de Aguas. Un daño a la hacienda municipal inaceptable.

DENUNCIAN QUE LA CHT “OBSTACULIZA” OBJETIVOS DE RESTAURACIÓN DE CAUCES

En un comunicado, las asociaciones ecologistas señalan que en la región madrileña ya se han producido otros casos de traspaso de las obligaciones de los particulares a los ayuntamientos con el consiguiente impacto en los presupuestos públicos.

Es el caso de Torrelodones y la presa de Peñascales, en la que el propietario de la presa se la cedió al Ayuntamiento a cambio de condonar una deuda pendiente de 13,576 euros ya se han invertido 600.000 euros de dinero público en mantenimiento, han detallado.

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En el caso de la presa de Miraflores, el titular, el Ayuntamiento “no dispone de director de la explotación, ni plan de emergencia ni hace mantenimiento alguno de la infraestructura, mientras crece un área residencial al pie de la presa y a lo largo de las riberas del río Guadalix”.

“En estos casos, las instituciones locales suelen ocultar a sus vecinos la obligación que adquieren para hacer frente en el futuro a la inevitable y costosa retirada de estas instalaciones, por ese motivo suelen exagerar valores ecológicos o su aprovechamiento para enfrentar incendios forestales, algo que ignora la propia Administración regional, competente en la extinción de fuegos”, denuncian los ecologistas.

También les sorprende la actitud de la CHT, q”ue viene facilitando con sus resoluciones el mantenimiento de estas barreras fluviales abandonadas, como es el caso de la presa del río Aulencia, auténtico depósito de lodos tóxicos”.

“Mientras el resto de las Confederaciones Hidrográficas están restaurando tramos fluviales mediante la retirada de algunos cientos de azudes y barreras, de las 171.000 que hay en España, la CHT sólo ha retirado dos azudes durante los dos últimos años en toda la cuenca del Tajo, ninguna en la región a pesar de que hay ríos, como el Tajuña, con una barrera fluvial por cada poco más de 1 kilómetro, la mayoría de ellas abandonadas desde hace años”, explican.

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La retirada de barreras fluviales es una importante herramienta de restauración fluvial y una obligación legal que debe llevarse a cabo prioritariamente por los titulares de las concesiones, y que se impulsa por parte de los organismos de cuenca (la CHT, por ejemplo) para mejorar la calidad ecológica de las masas de agua y alcanzar los objetivos de calidad de la Directiva de Aguas.

Por todo ello, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, el Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, Grupo de Acción para el Medio Ambiente, Jarama Vivo y Liberum Natura exigen de la CHT que cumpla con sus obligaciones de conservación, recuperación y restauración de cauces y la mejora de la calidad de las masas de agua en aquellos tramos afectados por infraestructuras abandonadas.

En el caso de la presa de Los Rosales exigen la retirada del archivo del expediente y que las instalaciones se remuevan con cargo al titular de la infraestructura o la apertura de un nuevo expediente de concesión si se justifica y motiva la permanencia de una barrera de 14 metros de altura y 230 de largo.

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